“EL CYBERDELITO”

Por: Daniel Ernesto Peña Labrin*

SUMARIO:

1. Generalidades

2. Problemática

3. Cyberdelito

4. Limitaciones Legislativas

5. Dilemas Jurídicos

6.Conclusiones

7.Bibliografía.

1. GENERALIDADES

En la sociedad contemporánea, todos los ciudadanos de una u otra forma encuentran su accionar cotidiano vinculado a la informática .La ingerencia del ordenador electrónico ha rebasado distintas esferas y relaciones sociales que obligan al profesional del siglo XXI, a conocer y dominar esta disciplina que nos trae la modernidad[1]. En tal sentido el uso de las computadoras y su interconexión, ha dado lugar a un fenómeno de nuevas dimensiones: el delito instrumentado mediante el uso del computador. Si bien no existe aún una medida exacta de la importancia de estas transgresiones, es probable que su incidencia se acentúe con la expansión del uso de computadoras y redes telemáticas. Los tipos penales tradicionales resultan en países inadecuados para encuadrar las nuevas formas delictivas, tal como la interferencia en una red bancaria para obtener, mediante una orden electrónica, un libramiento ilegal de fondos o la destrucción de datos. El tema plantea, además, complejos perfiles para el Derecho Internacional cuando el delito afecta a más de una jurisdicción nacional. En la actualidad, el lado más dinámico de la relación Informática y Derecho, es la Informática Jurídica. En el cual la información contenida en soportes electromagnéticos y otros complementarios podrá ser compartida y analizada por diferentes juristas nacionales y extranjeros.[2]

Los avances tecnológicos, el acceso masivo a Internet, el aumento de la pobreza y la relación al cambio bursátil del peso de las monedas extranjeras son identificados como los principales factores que explican la profundización de este delito. Las cámaras digitales y los videos grabadoras son cada vez más accesibles para los cibernautas de clases media y alta. No obstante, a medida de que bajen los costos las conexiones de banda ancha se multiplicaran, lo que propicia aún más el cyberdelito.[3]

Ante esto, señala Klaus Tiedemann[4] que la tarea del Derecho no es la de quedarse atado a viejas categorías teóricas que nada sirven sino más bien de adaptarse y proveerse de nuevas formas de prevención y protección a la sociedad. Es por ello que el Derecho Penal debe revisarse así mismo, y encuadrase en estas situaciones que protejan a las personas y no esconderse en lagunas legales que no ayudan a nada.

Por lo tanto, el Derecho Penal debe también prevenir la comisión de éste tipo de hechos que de ninguna manera pueden ser entendidos como errores involuntarios, ya que son realizados por personas que generalmente están se encuentran especializadas en el trabajo con computadoras y que pueden conocer como entrar en los archivos de datos de cualquier individuo.[5]

Sin embargo, el Derecho Penal debe resguardar los intereses de la sociedad, evitando manipulaciones computarizadas habituales o no, basadas en conocimiento de los objetos, programas, así como de algunas informaciones que extiendan y hagan imposible la detección de estos ilícitos. [6]

2. PROBLEMATICA

El incuestionable perfeccionamiento actual y moderno ha traído ventajas substanciales para la humanidad, pero es penoso a su vez que vengan acompañados de hechos delictivos no anhelados siendo imperioso e ineludible estudiar e indagar su accionar delictivo.[7]

La definición genérica de la Organización para la Cooperativa Económica y el desarrollo, delito informático («computer crime») es «cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada que involucra el procesamiento automático de datos y/o la transmisión de datos». Estos delitos, conforme a Sieber, pueden ser clasificados en las siguientes categorías:[8]

a) Fraude por manipulaciones de un computador contra un sistema de procesamiento de datos;
b) Espionaje informático y Robo de Software;
c) Sabotaje Informático;
d) Robo de Servicios;
e) Acceso no autorizado a Sistemas de Procesamiento de Datos y Ofensas tradicionales en los negocios asistidos por computador.

El fraude por manipulación, incluye el cambio de datos o informaciones para obtener un beneficio económico. Estos delitos pueden afectar datos que representen activos (depósitos monetarios, créditos, etc.) o bien objetos materiales (manejo de inventario). Su perpetración puede acrecentarse en la medida que se difunden los cajeros automáticos, puntos de venta y otras máquinas electrónicas. La acción criminal puede basarse en la introducción de datos falsos en la computadora (diversos casos de este tipo se han dado en entidades bancarias), o bien en la modificación de los resultados.[9]

Del mismo modo, resultan del cambio en los programas de computación, tal como las fórmulas de «Caballo de Troya» (introducción de instrucciones para que el programa realice funciones no autorizadas, por ejemplo, acreditar la cuenta bancaria o un salario en la cuenta designada por el delincuente) o el «programa virus» (instrucciones que se infiltran automáticamente en otros programas y archivos). En la «técnica salami» (por ejemplo, redondear cuentas bancarias y acreditar lo montos resultantes en una cuenta) el acto delictivo se repite automáticamente indefinidas veces, sin ulterior intervención del defraudador.

Dado que en algunos países la figura del fraude requiere que una persona sea engañada, ella puede no ser aplicable cuando es la computadora la que ha sido objeto del engaño. Por otro lado, el tipo penal de abuso de confianza y el de falsificación encuentran límites en su aplicabilidad a estos casos. Para salvar los vacíos normativos, se han dictado normas penales especialmente referidas a los fraudes informáticos en Suecia (es punible la persona que ilegalmente obtiene acceso a registros de datos sujetos a procesamiento o altera, destruye o ingresa esos datos en un archivo); numerosos Estados de América, Inglaterra, Australia (criminalizan a cualquier persona que ilegalmente altere, falsifique, borre o destruya cualquier material de procesamiento de datos con una intención fraudulenta); Canadá, Alemania (la Segunda Ley para la Prevención del Crimen Económico, no requiere la presencia de una persona engañada para tipificar el delito de fraude); y Dinamarca, respectivamente.

Empero, los delitos de espionaje se refieren principalmente a la obtención (generalmente por parte de competidores) de resultados de investigaciones, direcciones de clientes, etc. Pueden ser cometidos introduciendo programas copiadores o por otros métodos (la radiación electrónica que emite un terminal informático puede ser captada y registrada sin mayor complicación hasta cerca de un kilómetro del lugar de la instalación).

De otro lado, el sabotaje cibernético puede referirse a los datos y los programas (por ejemplo, una «bomba de tiempo» que destruye el programa o una «rutina cáncer» que distorsiona el funcionamiento de aquel mediante instrucciones que se auto reproducen), o bien al equipamiento en sí. Algunas legislaciones, como se ha visto, y otras propuestas de ley en Francia, Suiza, Portugal, etc., se han elaborado para penalizar el daño cometido, aún cuando sólo abarque bienes intangibles (datos y programas).[10]

El «robo de servicios» (o «hurto de tiempo») se da generalmente cuando los empleados utilizan sin autorización horas de máquina del empleador, para realizar trabajos particulares.

La primordial modalidad del acceso no autorizado a sistemas de procesamiento de datos es el acceso remoto del que puede resultar la obtención ilegal de información, la destrucción de ésta u otras acciones delictuales. La ley Sueca castigó el mero acceso a un sistema de procesamiento de datos. en los Estados Unidos la «Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse» tipifica penalmente el acceso no autorizado a sistemas informáticos operados por el gobierno y en particular a los asociados a la defensa nacional, las relaciones externas y la energía atómica, así como a los de instituciones financieras.

De otro lado, la pornografía infantil, muy de moda en nuestros días, donde los pedófilos del ciberespacio utilizan ese medio para saciar sus anómalos apetitos aflorando y poniendo en evidencia las psicopatológicas sexuales que padecen, transmitiendo imágenes donde el ultraje a menores de edad constituye su negocio ante la inusitada demanda de un sinnúmero de personas que adquieren material electromagnético que incluye audio y video, aflorando una variedad de perversiones sexuales.

Verbigracia, en la República Chilena se prevé que cometerá delito informático la persona que maliciosamente uso o entre a una base de datos, sistema de computadores o red de computadoras o a cualquier parte de la misma con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información. Asimismo, comete este tipo de delito el que maliciosamente y a sabiendas y sin autorización, intercepta, interfiere, recibe, usa, altera, daña o destruye una computadora, un sistema o red de computadoras, un soporte lógico o programa de la computadora o los datos contenidos en la misma, en la base, sistema o red».

La postrera categoría enunciada, según la clasificación de Sieber, se refiere al uso de un computador propio para defraudar o enmascarar acciones punibles (en los casos anteriores se trata generalmente del uso o acceso al computador del tercero damnificado). Por ejemplo, la supresión de datos contables, la alteración de informaciones sobre stoks, etc.

Como puede denotarse, la problemática del cyberdelito requiere un estudio especial y conocimientos de causa (dada su tecnicidad), para poder cumplir con la labor de tipificar suficientemente estos delitos con vista a una adecuada protección social, ya que es creciente la expansión de la cultura informática en nuestro medio, tanto en el sector público como en el privado (el comercio, la actividad bancaria, la actividad industrial, el negocio de los particulares y empresas, etc.)[11]. Por tal motivo, es relevante para el ejercicio de la función del jurista, pues las características propias de la informática: memorización, comunicación, cálculo y asociación lógica, son imprescindibles para grabar y archivar las normas, analizar el lenguaje y el discurso lógico contenido en ellas[12]. Es necesario prepararse para prevenir y reprimir este tipo de conductas, ya que de acuerdo al axioma de la «auditoria», todo ilícito que tenga la más mínima posibilidad de ocurrir inexorablemente sino se lo previene (también es preciso tener en cuenta que es importante la influencia de las posibilidades técnicas de nuevas y más avanzadas máquinas, programas, capacidad de archivos de datos, etc.).

Lo descrito ultra supra, nos permite detallar que siendo tan amplio el espectro delictivo informático y para evitar la distorsión y dispersidad de normas, sería conveniente postular un nuevo Título en el Libro Segundo del Código Penal, que trate la tipificación coherente y sistemática, de todas las conductas criminales que esta actividad involucra. Es por ello, sin duda alguna, que ha llegado el momento que el Derecho Penal responda a las exigencias sociales que la modernidad exige, y de esta forma, rompa su moldura rígida clásica y evolucione conjuntamente con el desarrollo del conocimiento científico, permitiendo así la real protección de la seguridad y protección de la sociedad, ya que al parecer, se está quedando anquilosado en esta materia de los novísimos delitos informáticos.[13]

Si inspeccionamos nuestro sistema penal, podemos apreciar que no tiene adecuadamente ampliado el tema, los delitos informáticos tienen su radio de acción principalmente en los atentados contra los derechos de autor, violación de la intimidad personal, falsificación de documentos informáticos, entre otros. Indubitablemente, podemos apreciar que nuestro texto punitivo tipifica ciertas conductas posibles de ser cometidas mediante medios informáticos, tales como el hurto agravado utilizado sistema de transferencia electrónica de fondos de la telemática en general, descrito en el numeral 3 del segundo párrafo del artículo 186; el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en la modalidad de uso de bienes informáticos (Inciso 8 del artículo 198), e incluso el delito de daños (Art. 205), desde la perspectiva del atentado contra el hardware (en su condición de bien material),etc..Por lo tanto, cualquier bien jurídico podrá ser vulnerado por el medio informático.

3. CYBERDELITO

Mediante la disposición introducida por Ley 27309, de fecha 17 de julio del 2000 se modificó el Título V, del Libro Segundo del C. P., insertando un nuevo capítulo (Capítulo X), denominado «Delitos Informáticos», que, como hemos visto, sólo constituyen un sector parcial de este género delictivo, orientado específicamente al ámbito patrimonial.

Por la similitud del texto patrio, consideramos que la fuente directa la encontrarnos en el proyecto de «Ley de Informática» del Ministerio de Justicia de Chile (abril de 1986), que establece que: «cometerá delito informático la persona que maliciosamente use o entre a una base de datos, sistema de computadores o red de computadoras o a cualquier parte de la misma con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información. También comete este tipo de delito el que maliciosamente y a sabiendas y sin autorización intercepta, interfiere, recibe, usa, altera, daña o destruye una computadora, un sistema o red de computadoras, un soporte lógico o programa de la computadora o los datos contenidos en la misma, en la base, sistema o red».[14]

EI Título contiene la siguiente clasificación típica:

- Acceso indebido a base de datos, sistema o red de computadoras................................................. Art. 207-A

- Sabotaje Informático....................................... Art.207-B

- Circunstancias agravantes... ......................... Art. 207-C

Nos resulta atípico que el legislador haya decidido ubicar la sistemática de los delitos informáticos dentro de los delitos contra el patrimonio, sin tener en cuenta que se incluye la protección de la intimidad en una de sus modalidades. El cimiento, a nuestro entender, debió ser el agrupar en un solo capítulo el empleo de los medios informáticos sin importar la afectación de distintos bienes jurídicos, ya que como hemos señalado, el delito informático es un delito pluriofensivo.

En la codificación nacional fueron incorporados a través de la Ley Nº 27309 – Capitulo X: Ley de Delitos Informáticos, los que seguidamente abordaremos.[15]

· Acceso indebido a base de datos, sistema o red de computadoras - Art. 207-A:
«El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar. O para interferir, interceptar, acceder o copiar información en tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.»
«Si el agente actúo con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas». [16]

Este delito es conocido también por la doctrina internacional como «Hacking» o «Hacking lesivo».

Ahora bien, podríamos señalar que el bien jurídico protegido en este delito es el patrimonio, la intención del legislador pareciera haber sido la configuración de un delito de peligro abstracto. Sin embargo, de la descripción del tipo penal se puede denotar que el bien jurídico protegido en este delito no es el patrimonio, sino más bien, preliminarmente, la intimidad. Ello a consecuencia que en el tipo no se exige que el sujeto tenga la finalidad de obtener un beneficio económico, este requisito sine quanon es constitutivo de la modalidad agravada, más no de la conducta delictiva descrita en el tipo básico, ya que el legislador considera el mero ingreso no autorizado como afectación a la intimidad.

Empero, el bien jurídico protegido en el tipo penal del artículo 207-A, es la seguridad informática, ya que la conducta descrita se refiere a la utilización o ingreso indebido a una base de datos, sistema o red de computadoras, lo cual está en relación a la afectación de la seguridad informática y no el patrimonio o la intimidad, en cuanto se lesiona una de sus manifestaciones como es el acceso o su utilización indebido.

Además, el objeto material de la conducta realizada (no la que tiene eurísticamente el agente) es la base de datos, sistema o redes informáticas. A partir de esta óptica, debemos dejar en claro que el bien jurídico: seguridad informática, no implica que los delitos que se configuran para protegerlo hayan de vincularse en su construcción típica con aquellos bienes jurídicos individuales, sino de aquellas condiciones que permiten garantizar en el caso concreto su indemnidad como objeto diferenciado y anticipado de tutela y única forma posible de prevenir su lesión en la red y en los sistemas informáticos. Con relación a la conducta típica, ésta comprende el hecho de utilizar o ingresar indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras.

Ergo, el término «indebidamente» debe ser entendido como el ingreso o la utilización de manera indebida o ilícitamente. El vocablo «indebido» se refiere a lo injusto, ilícito y falto de equidad. El carácter indebido adjetiviza las conductas de ingresar o utilizar una base de datos, sistema o red de computadoras, deplorablemente el legislador penal no ha tomado en la promulgación de la ley y el hecho que aún no se ha regulado los ingresos indebidos a la red, por lo que se encuentra un vacío de contenido material en este artículo, ya que no se ha dicho nada al respecto; sin embargo, podemos señalar que una de las características del carácter indebido de la conducta será la falta de autorización para el ingreso o utilización de la red o sistemas informáticos.

Por su parte, Luís Alberto Bramont-Arias[17] hace una descripción de los verbos típicos que se encuentran comprendidos en el artículo 207-A. Así, el verbo ingresar esta referido a entrar a una base de datos, sistema o red de computadoras. El verbo utilizar, por su parte, hace referencia al uso de la base de datos, sistema o red de computadoras.

Este caso se aplicará cuando el sujeto activo no ingresa indebidamente a la base de datos o red de las computadoras, ya que en estos casos se aplica el supuesto anterior, sino cuando el sujeto activo se encuentra ya dentro de la base de datos o red y comienza a utilizarla sin autorización, verbigracia, la persona, en un descuido de un trabajador de la empresa que ha dejado encendida su computadora porque se ha ido a refrigerio, se aprovecha para utilizar la base de datos o el sistema. En dichos casos, se requiere que no se tenga la autorización debida, ya que el tipo penal señala «el que utiliza o ingrese indebidamente».[18]

Por lo tanto, se trata de un delito de mera actividad, siendo suficiente la realización de las conductas descritas en la norma sin que concurra un resultado externo. Ello no es óbice a que señalemos que con relación al bien jurídico: seguridad informática las conductas descritas en el artículo 207°-A producen su lesión, por que afirmamos que se trata de un tipo penal de lesión y no de puesta en peligro. En suma, para la afectación de la seguridad informática sería suficiente que el agente haya ingresado o utilizado indebidamente una base de datos o sistemas informáticos sin la necesidad de otro tipo de ánimo con que cuente el agente.

Empero, la descripción típica del artículo 207°-A, en cuanto el legislador vincula la norma a la protección de bienes jurídicos individuales como la intimidad y el patrimonio, para lo cual configura el tipo penal como delito de peligro abstracto, lo cual pensamos que no es necesario a partir de reconocer a la seguridad informática como bien jurídico protegido en el delito de acceso indebido a base de datos, sistema o red de computadoras.

Por lo tanto, se trata de un delito doloso, se requiere que el agente actúe con conciencia y voluntad de ingresar o utilizar el elemento informático indebidamente. El sujeto ha de ser conciente del carácter indebido de la conducta, ya que éste es el sustento central de la conducta prohibida.

En el artículo 207°-A, si bien es punible la utilización o ingreso indebido a una base de datos o sistema informático, con la finalidad de diseñar, ejecutar, interferir, interceptar, existirán problemas para distinguir el denominado «Hacking Blanco», más aún, cuando el propio legislador concibe como finalidad del ingreso el acceso, luego no puede darse una conducta de ingresar para acceder. Sin embargo, debemos aclarar que en cuanto al aspecto subjetivo, el primer párrafo del numeral 207-A exige las finalidades antes descritas como elementos subjetivos de intención trascendente, no siendo necesaria su realización material.
Al considerarse dentro del carácter indebido de la conducta el hecho de no contar con autorización, el consentimiento del titular del sistema, base de datos o red de computadoras constituye causa de atipicidad.

El segundo párrafo del artículo 207°-A, contempla una modalidad agravada del acceso indebido de datos, sistema o red de computadoras, en la medida que sanciona el ingreso o utilización indebida de una base de datos o sistema informático con el fin de obtener un beneficio económico.

Con relación a los sujetos activos de esta figura penal, Luis Alberto Bramont-Arias opina «que cualquier persona puede cometer este ilícito penal y que no requiere tener grandes conocimientos de informática».[19]

En efecto, el sujeto activo puede ser cualquier persona mientras que el sujeto pasivo puede ser una persona natural y en el supuesto del último párrafo del artículo 207°-A, una persona natural y una persona jurídica.

En el aspecto subjetivo necesariamente en este tipo de delito exige el dolo del sujeto activo, ya que se requiere en el sujeto conciencia y voluntad de utilizar ingresar indebidamente a una base de datos o sistema informático. Para la modalidad agravada se ha de exigir además del dolo, la concurrencia de una finalidad económica en la realización de la conducta.

En el artículo en comentario, el legislador acude a la fórmula de los elementos subjetivos de intención trascendente, los cuales establecen una finalidad específica cuya realización material no es exigida por el tipo penal, bastando sólo que el sujeto la persiga. Lo cual está acorde con la elaboración por parte del legislador nacional de los delitos informáticos como delitos de peligro abstracto.

Se parte que las acciones de ejecutar, alterar, interceptar, interferir o copiar la información o la de obtener un beneficio económico, no son exigidas en cuanto a su realización material, basta que constituyan las finalidades queridas por el autor.

Refiere Luís Alberto Bramont-Arias que la relación existente entre el artículo 207°-A, segundo párrafo y el artículo 186°, inciso 3, en la modalidad agravada en el caso de una persona que descubre el password de otra, e ingresa al sistema, copia información y luego la vende a una empresa de la competencia obteniendo un provecho económico, generaría un concurso de delitos. Este autor considera que en estos casos, el tipo penal sería el delito de hurto agravado en la medida que entre ambos existe un concurso aparente de leyes, el cual se solucionaría a través de las reglas de la consunción dado que, en este caso, el delito es de resultado, vale decir, el hurto agravado, subsume al delito de peligro, y al delito informático.[20]

Desde la óptica de la seguridad informática como bien jurídico protegido en el delito informático, se ha de precisar que no se deberá acudir al empleo de elementos subjetivos de intención trascendente que pretendan vincular la conducta realizada con los bienes jurídicos intimidad y patrimonio, ya que los comportamientos objetivamente descritos en el artículo 207°-A son suficientes para su lesión. Somos de la opinión de la eliminación de tales elementos subjetivos y la configuración del delito de acceso a base de datos, sistema o red de computadoras, vinculado a la afectación de la seguridad informática, ejerciendo así una protección antelada de los mencionados bienes jurídicos individuales. Ello no es óbice para que se pueda configurar tipos penales específicos que sancionan la lesión del patrimonio o la intimidad a través de medios informáticos.

Por último, siendo un tipo de resultado material, es posible la configuración de la tentativa, con las dificultades ya expresadas para la consumación y prueba del ilícito, por la especialidad del delito en análisis. Asimismo, dada su característica típica, la instigación y la complicidad es perfectamente posible. El que financia, el que induce, el que presta los equipos, el que aporta los datos o claves necesarias, etc.


· Sabotaje Informático: Art. 207-B
«El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de computadora o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días multa».[21]

El delito de «sabotaje informático» es conocido también con el nombre de daño informático. Pensamos que en principio, el artículo 207-B ha sido adecuadamente comprendido en los delitos contra el patrimonio, ya que la conducta es la de ingresar o utilizar un sistema para dañarlo o alterarlo, por lo tanto, el bien jurídico protegido es en este caso el patrimonio, representado por el valor económico que encierra un sistema o programa de computadoras.

Al igual que en el artículo 207°-A, El animo del legislador ha sido configurar este delito como delito de peligro abstracto, en cuyo caso, para una mejor configuración típica del mismo, deberá sancionarse la lesión efectiva al patrimonio, de esta forma se hallaría una mayor armonía con los principios de lesividad y proporcionalidad.

En la descripción típica literal del artículo 207°-B, el bien jurídico protegido resulta ser la seguridad informática, pues las conductas descritas son las mismas que las del artículo 207°A, salvo el caso de la interferencia, variando únicamente la intención trascendente exigida al autor.

En efecto, el delito de sabotaje informático comprende las conductas de utilizar, ingresar o interferir (una nueva conducta a diferencia del artículo 207°-A) indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el único ánimo de alterarlos, dañarlos o destruirlos.

El verbo que se adiciona a diferencia del artículo 207°’A, es el «interferir», es decir, la persona que no permite la utilización o comunicación adecuada dentro del programa o sistema informático.

En cuanto al empleo del término «indebidamente», resulta aquí de aplicación los comentarios expuestos con relación al artículo 207°-A.

El sujeto activo, al igual que el artículo 207°-A, puede ser cualquier persona natural, así como el sujeto pasivo será el titular del bien afectado. Asimismo, en el aspecto subjetivo tenemos al dolo sumado al ánimo de dañar, destruir o alterar la base de datos o sistema informático constituye un elemento subjetivo de intención trascendente, cuya realización material no es exigida por el tipo penal.

Luís Alberto Bramont Arias,[22] aclara que la diferencia entre los artículos 207°-A y 207°- B, versan en torno al aspecto subjetivo, esto es, la finalidad que tienen el sujeto activo al momento de realizar su conducta, ya que si la persona es detenida en el instante que está utilizando sin autorización una base de datos, para poder determinar que tipo penal se aplicaría, habría que preguntarse cuál es su animus en ese momento, vale decir, si el agente quiere destruir se le aplicará el artículo 207°-B, en caso contrario, habría que demostrar alguna de las finalidades previstas en el artículo 207°-A.

No obstante, respecto de este delito existirá la dificultad acerca de los elementos de prueba para determinar el animus del delincuente informático, ya que sino se puede determinar la intención del sujeto activo, estaremos ante un delito de mero intrusismo informático con una pena no mayor de dos años, de lo contrario, nos encontraríamos en el caso del delito de daño informático, con una pena no mayor de cinco años. Con relación a este tema, pensamos que el legislador ha debido determinar la alteración, daño o destrucción de sistemas informáticos como consumación del delito.

Entendemos que para estos supuestos fácticos es perfectamente de aplicación el artículo 205° del Código Penal, en la medida que el objeto material es amplio y no excluye a los sistemas informáticos, redes o programas de computadoras. Desde este orden de ideas, sería suficiente el tipo penal del artículo 207° A que recoge las conductas de utilizar e ingresar, añadiéndose la de interferir, pues todas ellas lesionan la seguridad informática penal del delito de daños, previsto en el artículo 205 del Código Penal para una lesión efectiva del patrimonio representado por el valor económico que contienen las redes o sistemas informáticos y los programas de computadoras.

Acabaríamos, advirtiendo que el concurso de delitos que se daría desde esta perspectiva, entre el delito de Acceso indebido a base de datos, sistema o red de computadoras y el delito de daños del artículo 205 del Código Penal, en la medida que para la realización de la conducta de daños se haya llevado a cabo un acceso o utilización indebida. Entonces, estaríamos frente a un concurso real de delitos debido a tratarse de hechos independientes y a la afectación de dos bienes jurídicos distintos.

Es ineludible precisar que en cuanto a la pena que se establece en este delito. Luís Miguel Reyna Alfaro[23] opina que «en el presente supuesto el legislador ha debido incluir la inhabilitación como pena principal». No obstante, para el mencionado autor, esta posibilidad queda abierta para que en una sentencia, el Juez Penal fije la inhabilitación como pena accesoria según lo dispuesto por el artículo 39 del Código Penal.

Circunstancias Agravantes Art. 207-C
Conforme a lo dispuesto por el artículo 207- C, el tipo se agrava cuando:

a) El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo.

b) El agente pone en peligro la seguridad nacional.
La pena aplicable, en la figura simple, es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días multa.[24]

En el artículo 207 -C de nuestro Código Penal se describen dos agravantes; la primera con relación al cargo que posee el sujeto activo, la segunda, en razón a la seguridad nacional.

Asimismo, se señala como agravante si el agente se aprovecha de la información que obtiene por la función que desempeña. Dicha agravación se encuentra en relación a la confianza depositada en la persona del autor y en el manejo de determinada información, como pueden ser claves de acceso, passwords, etc.

Evidentemente, en esta descripción típica resulta de aplicación la exigencia de tipos penales de los artículos 207-A y 207-B acerca del carácter indebido de la conducta, el mismo que no ha de verificarse respecto de la obtención de la información privilegiada, ya que ello no es lo prohibido por el artículo 207°-C, pues se sanciona su abuso o aprovechamiento, sino de las propias conductas descritas en las mencionadas fórmulas penales.

Al respecto Luís Alberto Bramont-Arias[25], manifiesta que las agravantes descritas en el artículo 207- C parten de la afectación a la seguridad informática. Estamos convencidos que aquí se incurriría en una confusión, creándose un concurso de delitos respecto del delito de abuso de información privilegiada tipificado en el artículo 251-A de nuestro Código Penal.
De ahí encontramos que los puntos de coincidencia entre el tipo penal del artículo 251-A y los delitos informáticos sólo se tornarían con relación al segundo párrafo del artículo 207-A, en cuanto que el agente actúa con el fin de obtener un beneficio económico; considerando el principio de especialidad se debería optar por el tipo penal del artículo 207-A, en aquellos casos que se hubiera realizado la conducta mediante la utilización o ingreso indebido a una base de datos, sistema o red de computadoras.

Con relación al aspecto subjetivo, dicha agravante deberá comprender el dolo previsto para los artículos 207-A o 207-B y, adicionalmente, el ánimo del agente respecto del prevalecimiento de la función que desempeña. Consecutivamente, el segundo inciso del artículo 207-C, el tipo penal agravado parte de la realización de las conductas descritas en los artículos 207-A y 207-B, estas son, utilizar, ingresar o interferir indebidamente una base de datos, sistema, red o programas de computadoras, tales conductas han de estar vinculadas a la seguridad nacional, ya que lo punible se atribuye a su puesta en peligro.

Frente a este panorama, podríamos considerar que en cuanto a la realización de las conductas materiales previstas por los artículos 207-A y 207-B, están todas aquellas normas que regulan y protegen la seguridad nacional, tanto desde la Constitución Política, como leyes especiales y reglamentos Sobre el aspecto subjetivo de la conducta, el dolo del autor deberá circunscribirse a la conciencia y voluntad de poner en peligro la seguridad nacional. De otro lado, dentro de las características ya anotadas en el presente estudio, la tentativa si es posible. Igualmente, la participación es configurable en el tipo precedente.[26]

4. LIMITACIONES LEGISLATIVAS

De lo glosado líneas anteriores, debemos enfatizar que la citada ley, adolece de aspectos fundamentales; verbigracia: la delimitación del bien jurídico protegido. De la exégesis de la Ley Nº 27309, sobre Delitos Informáticos, aparecen diversas críticas en cuanto a la sistemática aplicada al caso submateria y a esto se suma la gran cantidad de inexactitudes que ésta contiene, sobre aspectos: conceptuales, gramaticales y relativos a los principios generales del Derecho Penal.

En esta clase de ilícitos penales, para configurar la competencia de los Estados en la persecución de delitos se atiende al lugar de su comisión. A esta competencia se la denomina Principio de Territorialidad, o también conocido por el brocardo: lex loci denincri comniti, el mismo que se encuentra inmerso en el numeral 1° del Capítulo I de la Parte General de nuestro Catalogo criminal. [27]

En este postulado, no existirá mayor dificultad cuando el delito sea cometido en territorio nacional. De otro lado, cuando la comisión del delito sea en una nación extranjera, será complicado distinguir si la acción y la afectación a la seguridad informática se originaron en el mismo lugar o no a consecuencia del amplio debate entre la Teoría de la Actividad, si el delito es cometido en donde se ha realizado la acción y la Teoría del Resultado el delito es cometido en donde se ha producido el efecto, los tratadistas, mayoritariamente, se apoyan en la Teoría de la Ubicuidad, es decir, se puede considerar cometido el hecho tanto en el lugar donde se ha llevado a cabo la acción como en aquel en el que se ha producido el resultado, esta teoría es la seguida por nuestra legislación tal y como lo prevé el artículo 5 del Código Penal Peruano.[28]

Sostenemos que es meritoria la propuesta contra la delincuencia de alta tecnología asumida por el Consejo Europeo sobre la elaboración de un convenio sobre la delincuencia en la red iniciada desde febrero del año 1997 y que terminó el 2002. Además, existe la Posición Común que ha sido adoptada el 27 de mayo de 1999 por el Consejo de Europa relativa al Proyecto de Convenio sobre la Delincuencia en la red.

Las características resaltantes de ésta Posición Común, son las del compromiso de los Estados miembros en facilitar una investigación y persecución enérgica de los ilícitos penales vinculados con sistemas y datos informáticos, así como innovar adecuadamente el Derecho Penal.

Por tal motivo, los Estados miembros intercederán, si es admisible comprender una normatividad que exija la tipificación como delitos relacionados con el contenido de los comportamientos delictivos llevados a cabo mediante un sistema informático.[29]

Debemos urgir que aún es limitado encontrar policías especializados en informática para determinar en un Parte Policial o en un Atestado Policial, la comisión de un delito informático, seguidamente en la instrucción de un proceso penal es necesario, según sea el caso, una pericia emitida por peritos judiciales adscritos a la Corte Superior de Justicia, a fin de determinar de manera científica, si ha existido un perjuicio. Sin embargo, la Dirección de Investigación Criminal-PNP, gesta la proeza de constatar el incremento y tecnificación de los cyberdelitos el año 2006.De las 456 denuncias del rubro, se resolvieron 243 y quedaron pendientes 213.El número queda en segundo lugar después de los 485 casos de homicidio durante el 2006, lo que grafica la importancia del nuevo rubro.

El común de la gente piensa que porque somos un país pobre no tenemos esta clase de actividad criminal, prenoción que se ve ensombrecida por la realidad que día a día nos sorprende, siendo la epidemia global, según The New York Time, la empresa de seguridad virtual DEFENSE, había detectado 200 programas para robar contraseñas durante el año 2000, la cifra había llegado a 100 en el año 2003. Para el año 2007 la cifra estimada por dicha compañía asciende a 6000, más que el 2006.

Ante este panorama, apremia el aleccionamiento en informática capacitando a los administradores y personas de apoyo, especialmente en provincias. Proceso que deberá desarrollarse paulatinamente, pero que finalmente estamos convencidos que es necesario para poder combatir con eficacia el cyberdelito.

De otro lado, encontramos una diferencia sustancial entre la pena para el delito de daños informáticos y la de daños del artículo 205° del Código Penal, en cuanto a que el primero tiene un máximo de cinco años de privación de libertad y el segundo un máximo de dos años. Tal como enfatiza Durand Valladares[30], en la actual configuración del delito de daños informáticos, no existe una justificación del por qué una mayor sanción contenido en el artículo 207°-B, ya que el delito común de daños puede tener una mayor significación económica dependiendo del bien que se trate. A ello, se ha de agregar que el daño común exige la producción efectiva del resultado (delito de lesión), mientras que el daño informático tal y como lo prevé actualmente el artículo 207-B requiere para su configuración sólo la puesta en peligro del patrimonio, significando un menor desvalor del resultado en comparación con el primero, por lo que se deberá tener una pena inferior o no tan elevada.

5. DILEMAS JURIDICOS

Para preservar los intereses sociales el Estado debe agotar los medios menos lesivos que el Derecho Penal otorga, antes de acudir a éste, como última ratio, lo cual podrá determinarse sólo a través de una regulación previa a la penal que determine que es lo debido y lo indebido en la red.

Además, tal como sostiene Santiago Mir Puig[31] «sólo cuando ningún mecanismo administrativo o civil sea suficiente, entonces estará legitimado el recurso de la pena o de la medida de seguridad, pues las funciones del acceso y tránsito de la red y sistemas informáticos resultan ser las pautas sobre las que deberá construirse la regulación acorde a la realidad que el derecho exige», para ubicar, perseguir, enjuiciar y punir a los responsables de estos delitos, hasta ahora premunidos del cálido manto de la impunidad, en vista de legislaciones nacionales que enlacen sus limitados brazos naturales y las persecuciones se programen, ejecuten y consumen en colaboracionista forma supranacionales, que reflejan decisiones efectivas de intervenirlos.

6. CONCLUSIONES

PRIMERA: El acceso al conocimiento de la información es uno de los derechos constitucionales básicos que gozan los ciudadanos y es una forma de control público que es parte del sistema democrático. Si bien es cierto que el Estado se esfuerza para que esta información llegue a quien la solicite, aún es insuficiente, pues cotidianamente somos espectadores y a veces protagonistas disconformes, de cómo se administran estos servicios por lo que su manejo oficial no es satisfactorio para la colectividad, lo que origina el obsequio de una sombra de opacidad al desempeño gubernamental, lo que deja mucho que desear, por el sentimiento generalizado que exige, luego de la secuela dejada por la dictadura en la década anterior, que toda gestión refleje transparencia.

SEGUNDA: El progreso de la informática es una de las características primordiales y destacadas de este milenio, por lo que su utilización comprende un abanico de posibilidades que es indispensable delimitar a fin de combatir los excesos que se vienen apreciando. Por lo que ante esta situación, es natural la aparición de renovadas disposiciones penales en salvaguarda de los bienes jurídicos que urgen de protección. La sociedad debidamente organizada, a través de sus instituciones preclaras y los obligados a legislar, tiene la palabra para establecer propuestas que permitan su control y consecuente sanción.

TERCERA: Como es reconocido, el adelanto informático permite agilizar el conocimiento y las comunicaciones, pero también es verdad que su notable evolución ha permitido que emerjan conductas antisociales y delictivas que atentan contra los méritos del adelanto científico, pensado y fabricado para dotar a la humanidad de lo necesario para su eficaz desarrollo.

CUARTA: Hace tiempo , más de sesenta años, que Edwin Sutherland, el valeroso sociólogo norteamericano , que ha pasado a la galería de los insobornables , advirtió y denunció ante el mundo, que la criminalidad no estaba circunscrita a los sectores menos pudientes de la sociedad, y documentadamente probó las actuaciones de los “delincuentes de cuello blanco” en las áreas económicas y financieras, por lo que su incursión en los ilícitos informáticos no debería sorprendernos, que gente de alto nivel socio-económico los perpetren sin miramientos, para favorecerse con alevosía.

QUINTA: El Derecho Informático se ocupa de los problemas jurídicos que se dan en la sociedad, motivados por el uso de las computadoras; sin embargo, la informática estrictamente jurídica sirve para dar velocidad a la administración de justicia, usando una base de datos, que permite que se automatice la gestión de los vinculados con esa responsabilidad, como son los secretarios, técnicos, auxiliares, y asimismo, los bufetes de abogados, las oficinas de peritos, etc. Sistematizándose el conocimiento judicial por medio de la inteligencia de artificio.

SEXTA: Es que el ciberespacio es una contundente realidad, que tiene que ser aprovechada por las civilizaciones; con ingerencia en las dinámicas políticas, sociales, de producción y comercialización, culturales, deportivas, religiosas, etc. Pero lamentablemente, en la perniciosa criminalidad informática, que es ejercitada por individuos que manejan programas de esta índole y que aprovechándose de omisiones legales realizan labores vedadas, por ahora en el campo ético, lo cual les facilita mantenerse en el limbo de la impunidad, relajando el aporte de lo informático.

SETIMA: Los delincuentes informáticos, saben bien los conceptos de Red y Web, dado que el primero es una simple red o varias, configurados por PC´s y cables que remiten paquetes de datos a cualquier parte del mundo. En cambio en la Web se encuentran documentos, sonidos, videos, e información variada. Por lo que la Web no podría existir sin la Red y ambos sirven al modernísimo Internet.

OCTAVA: Al Internet lo podemos definir como información, tecnología y una red física de telecomunicación, que lubrica para que cualquier persona se integre a este mundo virtual, necesitando para ello una computadora conectada al ciberespacio.

NOVENA: Podemos obtener información al ingresar a un portal de Internet, aunque hay que señalar que no toda la información disponible sirve para trabajos legales o para el desenvolvimiento cultural en sentido positivo, pues también se encuentra por desgracia, proxenetismo, de infanto prostitución, meretricio masculino y femenino, pornografía, promiscuidad, juegos compulsivos, dudoso turismo, propaganda de tóxicos no permitidos que alientan la drogadicción, etc. Todas conductas antisociales o delictivas que se dejan pasar ante la falta de una regulación de clase penal por su atentatoria moral pública, lo que está desnaturalizando el objetivo para el que fue concebido el Internet, como el de compartir información, cultura, conocimientos alcanzados por la ciencia, deportes, tónicos, estilos de vida saludables, etc., pero no como medio difusivo de agresiones contra los usuarios.

DECIMA: Si nos fijamos en el Derecho Comparado en lo que concierne a la protección de la información computarizada destacan las legislaciones europeas de Francia, Portugal, Inglaterra y en España, otorgando preponderancia a la represión de personas o de empresas que transgreden la ley, concediéndole un tratamiento importante al aspecto preventivo y para tal efecto, existe una pormenorizada normatividad tutelar, control en la administración y protección de la información computarizada. Situación que el parlamento nacional debería tener en cuenta para abordar un marco legal que regule los vacíos jurídicos del cyberdelito. Infine.


* ABOGADO & SOCIÓLOGO, Candidato al Grado de Maestro en Derecho Penal (UNFV), Diploma de Post Grado – II Especialización en Derecho Informático & Comercio Electrónico (UIGV), Catedrático de la Universidad Privada San Juan Bautista, Los Ángeles de Chimbote e Inca Garcilaso de la Vega y del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP-INPE). Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho y Comunicación en Tecnología Informática del Ilustre Colegio de Abogados de Lima - 2007.
[1] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Prologo de la Obra: Informática Jurídica. En BLOSSIERS HÜME, Juan José, Informática Jurídica, Edit. Portocarrero, Lima, 2003, Pág.13
[2] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Informática Jurídica, Revista de Derecho-Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación. APECC, Año I, Nº 2 ,Lima 2004, Pág. 83
[3] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Curso de Filosofía del Derecho, Universidad Privada San Juan Bautista, Lima, 2007, Pág.15
[4] TIEDEMANN, Klaus, Derecho Penal y Nuevas Formas de Criminalidad, Edit. Idemsa, Lima, 2000, Pág. 267
[5] BLOSSIERS HÜME, Juan José, Criminalidad Informática, Editorial Portocarrero, Lima, 2003,Pág.145
[6] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, La Firma Digital, En Revista “El Diplomado”, Editada por la Escuela Universitaria de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima,2005,Pág.145
[7] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Curso –Taller de Investigación Jurídica, Edit. Centro de Investigaciones Sociales & Tributarias, Lima,2006,Pág.15
[8] HUGO VIZCARDO, Silfredo, Delitos Informáticos, En Revista Agora. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - U.I.G.V, Edición Nº 1, Lima, 2004, Pág. 95
[9] BLOSSIERS HÜME, Juan José, Criminología & Victimología, Edit. Disartgraf, Lima, 2005, Pág.158
[10] DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel, Derecho Informático, Edit. Aranzandi, Madrid, 1997, Pág. 300
[11] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Curso de Criminología, Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios CENECEP-INPE, Callao,2007, Pág.16
[12] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, La Sociedad de la Información, Revista de Derecho & Informática-PCLEXPERU, Lima ,2005, Pág. 15
[13] HUGO VIZCARDO, Silfredo, Ob. Cit. Pág. 97
[14] BLOSSIERS HÜME, Juan José, Ob. Cit. Pág. 160
[15] Capítulo incorporado por la Ley Nº 27309, Publicada el 17 de Julio del 2000.
[16] CODIGO PENAL PERUANO, Edit. Jurista Editores, Lima, 2007, Pág. 220. Pág. 256
[17] BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto, El Delito Informático en el Código Penal Peruano. Edit. Biblioteca de Derecho Contemporáneo, Volumen VI, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000, Pág. 72
[18] Ibidem. Pág.75
[19] Ibidem, Pág. 76
[20] BLOSSIERS HÜME, Juan José, Ob. Cit. Pág.162
[21] CODIGO PENAL PERUANO, Ob. Cit. Pág. 259
[22] BRAMONT-ARIAS TORRES, Luís Alberto, Ob. Cit. Pág. 79
[23] REYNA ALFARO, Luis Miguel, Los Delitos Informáticos, Aspectos Criminológicos, Dogmáticos y de Política Criminal, Edit. Jurista, Lima, 2002, Pág. 278
[24] CODIGO PENAL PERUANO, Ob. Cit. Pág. 261
[25] BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto, Ob. Cit. Pág.81
[26] BLOSSIERS HÜME, Juan José, Ob. Cit. Pág.165
[27] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Curso de Derecho Informático, Universidad Privada San Juan Bautista, Lima 2006, Pág.12
[28] DURAND VALLADARES, Raúl, Cyber-Delito o Delitos de Ordenadores. Sistema Bancario Nacional, Edit. Grafi. Net, Lima, 2000, Pág. 267
[29] MARCHENA GOMEZ, Juan, Prevención de la Delincuencia Tecnológica, Edit, Lima, Lima, 1992, Pág. 447
[30] DURAND VALLADARES, Raúl, Cyber-Delito o Delitos de Ordenadores. Sistema Bancario Nacional Edit. Grafi.Net, Lima, 2000, Pág. 200.
[31] MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal – Parte General, Edit. PPU, Barcelona, 1996, Pág.189

7. BIBLIOGRAFIA

1. BLOSSIERS HÜME, Juan José
Criminalidad Informática
Editorial Portocarrero, Lima, 2003

2. BLOSSIERS HÜME, Juan José
Criminología & Victimología
Editorial Disartgraf, Lima, 2005

3. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto
El Delito Informático en el Código Penal Peruano
Editorial Biblioteca de Derecho Contemporáneo, Volumen. VI
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000

4. CODIGO PENAL PERUANO
Editorial Jurista Editores
Lima, 2007

5. DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel
Derecho Informático, Editorial Aranzandi, Madrid, 1997

6. DURAND VALLADARES, Raúl
Cyber-Delito o Delitos de Ordenadores, Sistema Bancario Nacional
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7. HUGO VIZCARDO, Silfredo
Delitos Informáticos
En Revista Agora. Facultad de Derecho y CIENCIAS Políticas - U.I.G.V, Edición Nº 1
Lima, 2004

8. MARCHENA GOMEZ, Juan
Prevención de la Delincuencia Tecnológica
Editorial Lima, Lima, 1992

9. MIR PUIG, Santiago
Derecho Penal – Parte General
Editorial PPU, Barcelona, 1996

10. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
Prologo del Obra: Informática Jurídica. En BLOSSIERS HÜME, Juan José, Informática Jurídica
Editorial Portocarrero, Lima, 2003

11. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
Informática Jurídica
Revista de Derecho-Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación APECC Año I, Nº 2, Lima, 2004

12. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
La Sociedad de la Información, Revista de Derecho & Informática - PCLEXPERU,
Lima ,2005

13. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
La Firma Digital, Revista “El Diplomado”
Editada por la Escuela Universitaria de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la

Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima,2005

14. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
Curso de Derecho Informático, Universidad Privada San Juan Bautista
Lima, 2006

15. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
Curso-Taller de Investigación Jurídica
Editado por el Centro de Investigaciones Sociales y Tributarias, Lima 2006

16. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
Curso de Criminología, Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios
CENECP-INPE
Callao, 2007

17. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto
Curso de Filosofía del Derecho, Universidad Privada San Juan Bautista
Lima, 2007

18. REYNA ALFARO, Luis Miguel
Los Delitos Informáticos, Aspectos Criminológicos, Dogmáticos y de Política Criminal
Editorial Jurista, Lima, 2002

19. TIEDEMANN, Klaus
Derecho Penal y Nuevas Formas de Criminalidad
Editorial Idemsa, Lima, 2000.

“LA FIRMA DIGITAL”

Daniel Ernesto Peña Labrin*


Esta nueva institución jurídica, que hasta hace poco constituía una quimera hoy nos sorprende con las magníficas posibilidades que el Derecho Informático proporciona a la Comunidad Forense.
Espinoza Céspedes[1], explica que la Tecnología evoluciona constantemente y con ella la seguridad aplicable a las redes abiertas; en este contexto la firma electrónica viene desarrollándose con mucha fuerza y rapidez, logrando posicionarse efectiva y eficientemente en el mercado de las medidas de seguridad aplicables a la contratación electrónica. Para efectos de nuestra investigación la firma electrónica es entendida como todo medio derivado del desarrollo y del estado de la técnica electrónica u otra análoga, que por el uso de determinados sistemas técnicos, permite proteger bienes de naturaleza inmaterial e identificar el cumplimiento de los principios de integridad, autenticidad, disponibilidad, aceptación y validación; otorgando en este sentido una adecuada seguridad a las partes que contratan en redes abiertas, a la contratación electrónica, a la informática y a la telemática en general.

La firma electrónica es un firmware, debido a que armoniza el uso de bienes

materiales (hardware con determinada aplicación específica) con bienes inmateriales[2] (software aplicativo), de tal
forma que engloba un conjunto de elementos técnicos idóneos, que permiten la obtención de adecuadas medidas de seguridad para un entorno electrónico en interacción o no, con redes abiertas; al respecto es importante aclarar que no todas las firmas electrónicas necesariamente usan elementos técnicos de cifrado, en vista que su ámbito de aplicación es muy amplio y variado, ello no significa que no se puedan combinar las diferentes tecnologías de firma electrónica entre sí.

Lo relevante del uso de las firmas electrónicas, se refleja en el grado de confianza que éstas crean en las partes contratantes, de ahí la importancia de prever una adecuada legislación al respecto, que siente las bases para un entorno electrónico seguro. Armagnague[3] enseña que los medios tecnológicos que garantizan la integridad y la autenticidad de los instrumentos deben ser fehacientemente confiables, constituyéndose en una garantía para el usuario.
A través del desarrollo del presente estudio hemos podido considerar, como en las redes abiertas se presentan los mismos problemas de inseguridad que ocurren en la vida real, tales como interceptación y alteración de los bienes inmateriales transados vía contratación electrónica que circulan por las redes abiertas, problemática que no es ajena a las redes cerradas.

Por el surgimiento y desarrollo de las firmas electrónicas nos encontramos frente a cierta colisión entre éstas firmas y las firmas tradicionales que se materializan a través de sistemas de escritura convencional con base y soporte material en el papel, brotando la problemática de determinar el valor probatorio que puedan otorgar estos nuevos mecanismos técnicos. De ahí la importancia que toda legislación sobre seguridad en la contratación electrónica tenga en cuenta estos elementos de juicio para futuras regulaciones, siendo importante que se otorgue valor probatorio equivalente a ambas formas de manifestar la voluntad de las partes, como veremos en líneas posteriores.

“En el mundo real, la gente hace una gran distinción entre el original y las copias. (...). Un aspecto relacionado con esto, es el de las firmas manuscritas. La autenticidad de numerosos documentos legales, financieros, y de otro tipo, están en última instancia determinada por la presencia o ausencia de una firma manuscrita autorizada. Las fotocopias nunca se toman en cuenta. Para que los sistemas de mensajes de ordenadores sustituyan al transporte físico de documentos, escritos en papel y tinta, se deberá encontrar primero una solución a estos problemas”[4]

La predisposición internacional gira entorno a la globalización de las transacciones electrónicas, hecho que permite una mayor reducción de costos de transacción, aumento de productividad tanto a nivel empresarial como de negociación, nuevas formas de contratar que se manifiestan a través de la contratación electrónica; éstos hechos impactan profundamente en la economía, por sus diversas manifestaciones a nivel social. Frente a estos eventos, las firmas electrónicas juegan un papel muy importante desde el punto de vista de la seguridad que se puede alcanzar en las redes en general.

Las firmas electrónicas abrazan un conjunto de elementos técnicos como firmas manualmente digitales[5], firmas enteramente digitales, firmas a través de elementos biométricos[6] y cualquier otro elemento técnico electrónico análogo que brinde seguridad a la contratación electrónica.

De otro lado, los medios técnicos de seguridad representados por la firma electrónica cumplen un rol importante en la contratación electrónica al otorgar los parámetros que permiten determinar si las transacciones electrónicas efectuadas por las partes no han sido alteradas, es decir, si se ha cumplido con respetar la integridad de los bienes inmateriales desde que fueron firmados electrónicamente hasta su recepción por las partes interesadas, situación que permite la verificación del principio de integridad.

Del mismo modo, es importante, porque cualquiera de las partes está en condiciones de confirmar, si el que realizó la firma electrónica es la parte con quien se tiene que contratar, es decir ayuda a identificar si la persona que envía una manifestación de voluntad es la correcta, verificándose el principio de autenticidad.

“Fundamentalmente, lo que (...) se necesita es un sistema por medio del cual una de las partes le pueda transmitir un mensaje “firmado” a la otra parte, de tal forma que:

1.- El receptor pueda verificar la identidad proclamada por el transmisor.
2.- El transmisor no pueda, posteriormente, repudiar el mensaje[7].

Es de suma importancia, que la firma electrónica garantice la recuperación y el libre acceso, en cualquier momento e instante de tiempo, a los bienes inmateriales que las partes protegen por este medio técnico, de tal forma que se cumpla con el principio de disponibilidad; de lo contrario contar con los recursos fuera de tiempo, traería funestas consecuencias para las partes contratantes. Además, es importante tener en cuenta que este principio exige que el resultado sea real, de lo contrario podría causarse graves daños a terceros y a los propios interesados.

Este elemento técnico adquiere cada vez mayor interés para las partes contratantes, al impedir que luego de firmado un documento donde se manifieste una voluntad sea negado o rechazado por su titular[8], asegurándose que las partes cumplan lo que han firmado, tal como se acostumbra y se legisla respecto de las manifestaciones de voluntad a través de un soporte material, por ejemplo el papel.

En términos generales, la firma electrónica permite la identificación plena de las partes contratantes, lográndose conocer a quien se presente como determinada persona, de tal forma que sólo el emisor de una determinada voluntad, es el único que puede incluir su firma electrónica en un determinado documento; con este mecanismo técnico se ha logrado un gran avance en la lucha contra los fraudes, estafas y los delitos informáticos en general, en el sentido que las claves que se crean a través de determinada firma electrónica permiten la validación del documento, impidiendo su falsificación y permitiendo el resguardo de los datos íntimos, privados y secretos de las personas es decir permiten la aplicación del principio de confidencialidad.

Por lo tanto, toda firma digital es una firma electrónica. Vale decir, es un elemento técnico específico que nos permite obtener medidas de seguridad adecuadas para la contratación electrónica a través de los sistemas de cifrado por medio del uso de claves públicas y privadas[9]. Brindando seguridad y confiabilidad, ya que es inviolable, innegable y autenticable.

Una firma digital debe contener estándares mínimos que permitan identificar la fecha y hora de recepción, la secuencia de caracteres pertenecientes al emisor o propietario de la firma con la que aseguró un determinado mensaje, de tal forma que éste no sea imitado o falsificado, de tal modo que se pueda asegurar el cumplimiento de los principios de integridad, autenticidad, disponibilidad.[10]

“La firma digital es un mecanismo utilizado para asegurar la integridad del mensaje y la autenticación del emisor”. Este método consiste en la obtención de un valor hash del mensaje y su posterior encriptación con la clave privada del emisor. En recepción se desencripta el hash con la clave pública del emisor y se compara con otro valor hash obtenido en recepción de forma independiente a partir del mensaje recibido.[11]

Estas firmas se determinan por estar en condiciones de incluir determinados elementos diferenciadores en el mensaje de tal forma que pueda ser reconocida la autoría de quien lo envía a través de las redes abiertas[12]. Para mayor seguridad en el proceso de circulación de los mensajes por las redes, es importante que las firmas digitales hagan uso de las técnicas criptográficas, a fin de dificultar la labor de los intrusos que constantemente están al asecho de los bienes que circulan por el ciberespacio. Para el proceso de verificación de firmas digitales, es importante conocer los sistemas de cifrado usados originalmente por las partes, sean a través de criptografía de clave pública o de clave privada.

Por ende, la firma digital permite soportar el no repudio, característica esencial en entornos de comercio electrónico, ya que la verificación de la firma garantiza que ésta sólo puede haber sido generada por el poseedor de la clave privada; o sea, su usuario legítimo[13].

La firma digital lleva a este nombre, en vista, a que una vez procesados los bienes a través de medios electrónicos, estos deben de ser convertidos en señal digital, es decir unos y ceros (bits), que serán recibidos y convertidos, por los equipos del receptor lícito, a un lenguaje que entiende. Este medio brinda seguridad técnica en forma recíproca, al permitir que ambas partes estén en condiciones de beneficiarse con los principios aplicables a las firmas electrónicas.

Para que las firmas digitales cumplan su función a cabalidad, es necesario que las partes, las mantengan en forma segura, aplicando celosamente las medidas de seguridad anteriormente estudiadas. Las firmas digitales darán seguridad a los usuarios, en la medida que ellos adquieran conciencia sobre el correcto manejo que les deben dar, en un contexto inseguro, como el de las redes abiertas.

En efecto, a través de los algoritmos matemáticos que forman parte integrante de una firma digital, se ha previsto que no existan dos firmas iguales; además, éstas permiten crear un alto grado de dificultad para los que pretendan descifrar este mecanismo de seguridad. Una firma digital es tan versátil, que se puede usar en cualquier momento para asegurar el envío de un bien o parte de un bien, por ejemplo, a través del correo electrónico, asimismo sirve para tener la certeza, si determinada clave pública pertenece a algunas de la partes.

Las firmas digitales, pueden ser usadas directamente por las partes cuando se tienen mutua confianza; también admiten un mecanismo adicional de seguridad conocido como entidad de certificación, que es una institución a la cual acuden las partes, para que les confirme si las claves en uso corresponden a los contratantes o usuarios en general, como veremos más adelante; el uso de éstas entidades, como medio de seguridad se utilizan generalmente en el caso que ambas partes no se conozcan o no se tengan la confianza necesaria, que les permita negociar directamente con la seguridad que les brindan las firmas digitales.

El Artículo 3 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales N° 27269 de fecha 28 de Mayo 2000 define la firma digital como:
“Aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves únicas, asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada”

A partir de ello, toda persona que quiera firmar digitalmente debe, en primer lugar, generar su propio par de claves, es decir:

Una clave privada que se mantiene totalmente en secreto, y solo la conoce el usuario de la misma. La clave privada es utilizada para firmar el mensaje. Y una clave pública que se difunde a todos los usuarios. Es utilizada para verificar la firma.

El proceso de creación del par de claves lo realiza un software especial.[14]

En suma, la clave privada queda almacenada en el hardware del usuario y se activa por medio de la contraseña, aunque también, puede ser almacenada en otros dispositivos como en un disco, disquete o en una tarjeta inteligente, similar a la de crédito, que incorpora un chip que contiene información de su titular.

Las claves no son otra cosa que una cadena de bits (0 y 1), formando un número.

La creación de una firma digital implica combinar los caracteres que conforman la clave privada del usuario con los caracteres del mensaje al que se le quiere adosar la firma. Este nuevo conjunto de caracteres obtenido a partir de la mezcla del mensaje con los de la clase privada, es lo que constituye la firma digital.[15]

Antes de definir la noción de certificado digital, es necesario preguntarse por qué es esencial acudir a tal documento.

¿Por qué un Certificado Digital?
En la praxis, una firma manuscrita es verificada por medio de un documento de identidad.

Iasoni[16] expone que en el mundo “virtual”, una firma digital será verificada por medio de un documento de identidad electrónico: el certificado digital y agrega el siguiente ejemplo:

“Supongamos que Pedro, comprador en Lima, y Linda, vendedora en Cuzco, quieren firmar un contrato de venta vía Internet.
Linda podría copiar su clave pública en un disquete y darla a Pedro, pero no estando en la misma ciudad que éste prefiere telecomunicarla”.

A continuación, reflexiona: ¿De qué forma los dos contratantes pueden asegurarse de la identidad real de su interlocutor en Internet?

“Una solución consiste en añadir a la firma el equivalente de un documento de identidad electrónico, denominado “certificado” el cual va a garantizar el origen de la firma”.[17] Este certificado es emitido por un tercero, una Entidad de Certificación. Linda deberá por consiguiente registrar su clave pública ante la Entidad de Certificación. Pedro solicitará a la Entidad de Certificación el certificado conteniendo la clave pública de Linda que le permitirá averiguar el origen de la firma.[18]

Según el artículo 6 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, expresa:

“El certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su identidad”.

Un certificado se materializa en un archivo electrónico que es emitido por una entidad de certificación, lo cual confirma la relación existente entre una clave pública y una persona.

El certificado es emitido para ser almacenado en la computadora del solicitante. Con este archivo, su propietario se identifica cuando realiza operaciones electrónicas.

La clave pública contenida en el certificado permitirá al receptor del mensaje electrónico verificar la firma digital del documento. Así, tendrá certeza de que éste ha sido firmado digitalmente con la clave privada correspondiente a la clave pública incluida en el certificado del firmante y que el documento no ha sido alterado desde que fue firmado.[19]

De otro lado, en la actividad de certificación mundial existen diversas clases de certificados, dependiendo de la información sobre el suscriptor certificada por la entidad de certificación. Los certificados más simples contienen el nombre y la clave pública del suscriptor.[20]

La Ley de Firmas y Certificados Digitales advierte que un certificado emitido por una entidad de certificación debe contener como mínimo los siguientes requisitos.[21]

1.-Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor.
2.- Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación.
3.- La clave pública del suscriptor.
4.- La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta a un mensaje de datos.
5.- Fecha de caducidad del certificado y número de serie.
6.- Firma digital de la Entidad de Certificación. En efecto, el certificado es “firmado” con la clave privada de la entidad de certificación, para asegurar su autenticidad.

El certificado expedido por una entidad certificadora tiene una duración limitada, toda vez que su validez expira en la fecha indicada en el mismo.[22]

A partir de dicha fecha, la entidad certificadora deja de asumir cualquier responsabilidad sobre la relación existente entre el suscriptor y los mensajes de datos que puedan ser desencriptados con la clave pública contenida en el certificado expirado.

El certificado también pierde vigencia cuando sea revocado por la entidad certificadora.

No obstante, la Entidad de Certificación tiene la posibilidad de revocar el certificado si se determina, en particular, que la información contenida en el certificado digital es inexacta, o ha sido modificada, o por muerte del titular de la firma digital.[23]

Los certificados digitales requieren la existencia de una infraestructura de emisión, es así que se plantea la siguiente estructura:

Las Entidades de Certificación son personas jurídicas (privadas o públicas) que, en régimen de libre competencia, prestan el servicio de certificación de firma electrónica, es decir, certifican que quien firma un documento electrónico utiliza realmente las claves de quien dice ser. Estas entidades permiten, pues, brindar seguridad y confianza en las transmisiones.

La prestación de este servicio es libre y no está sometida a ningún tipo de autorización previa.

El artículo 12 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, describe lo siguiente: “Una Entidad de Certificación debe cumplir la misión de emitir o cancelar certificados digitales así como brindar otros servicios inherentes al propio certificado o aquellos que brinden seguridad al sistema de certificados en particular o del comercio electrónico”

La Entidad de Certificación tiene la responsabilidad de emitir y administrar los certificados digitales de los usuarios.[24]

Una vez creado el par de claves, el interesado va a solicitar un certificado de clave pública a la Entidad de Certificación elegida. La Entidad de Certificación recibe la solicitud y corrobora la entidad del interesado. Luego emitirá el certificado.

Si la Entidad de Certificación puede realizar las funciones de registro y verificación, puede igualmente delegar la función de registro y verificación a otras entidades con las que tengan un acuerdo.

Igualmente, una Entidad de Registro o Verificación,[25] tal como lo establece el artículo 13 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, “cumple con la función de levantamiento de datos y comprobación de la información de un solicitante de certificado digital; identificación y autorización de solicitudes de emisión de certificados digitales; aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales”.

Debemos resaltar, que una falla en el proceso de identificación puede derivar en que la Entidad de Certificación emita un certificado de clave pública a nombre de una persona que no es la que declara ser.

En consecuencia un impostor podría firmar documentos con el nombre de otra persona y la firma sería validada por la Entidad de Certificación.

La solución es práctica añade Iasoni[26] “Las Entidades de Certificación delegan la recepción de la solicitud y la consecuente identificación del interesado en las Entidades de Registro y Verificación, quienes actúan como nexo entre el solicitante y el certificador”.

Asimismo, las Entidades de Registro y Verificación comprueban la información de los solicitantes de los Certificados digitales. A partir de esa verificación y conformidad con dicha información, la Entidad de Registro y Verificación indica a la Entidad de Certificación que emita el certificado digital respectivo.

Las claves públicas deberán ser depositadas en un registro.

Empero, cada Entidad de Certificación deberá contar con un registro disponible en forma permanente, que servirá para constatar la clave pública de un determinado certificado y no podrá ser usado para fines distintos a los estipulados en la presente ley.

Dicho registro contará con una sección referida a los certificados digitales que hayan sido emitidos y figurarán las circunstancias que afecten la cancelación o vigencia de los mismos, debiendo constar la fecha y hora de inicio y fecha y hora de terminación.

Además la referida ley señala que todos los datos de las Entidades de Certificación establecidas en el Perú figurarán en un registro que se creará bajo la dependencia de la Autoridad Administrativa[27].

Este registro será de acceso público y proporcionará información permanentemente actualizada de todos los datos relevantes de las mismas (sus datos de identidad, dirección de su página en Internet, condición de acreditación, eficacia de sus certificados...).

Este registro permitirá asegurarse que la entidad está acreditada sin necesidad de ir a su establecimiento físico para comprarlo.

Con respecto a los certificados emitidos en el extranjero debemos aclarar que mediante Ley N° 27310, publicada el 17 de Julio de 2000, se ha modificado el artículo 11 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en el sentido que los Certificados de Firmas Digitales emitidos por Entidades Extranjeras, ya no serán reconocidos por Entidades de Certificación nacionales, sino por Autoridad Administrativa Competente, que garantice su validez y eficacia.[28]

Así, el vigente artículo 11 agrega: “Los Certificados de Firmas Digitales emitidos por entidades extranjeras tendrán la misma validez y eficacia jurídica reconocida en la presente ley, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por la autoridad administrativa competente”.

Finalmente Iasoni[29] enfatiza que el reconocimiento de los certificados emitidos por entidades certificadoras extranjeras constituye un elemento esencial para el desarrollo del comercio electrónico en el país, ya que no existen actualmente autoridades de certificación nacionales que ofrezcan este servicio.

Con relación al tratamiento de la firma digital en el derecho comparado podemos hacer la siguiente semblanza:
A partir de 1995 diversos organismos internacionales empezaron a discutir el marco jurídico que permitiera contar con tecnologías seguras para garantizar el desarrollo del comercio electrónico.

Verbigracia, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).[30]

Esta institución ha formulado en 1996 una Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico que establece, en particular, principios generales para la aceptabilidad de la firma electrónica[31] la cual fue seguida por una Ley Modelo sobre la firma electrónica.[32]

Estos principios reza Iasoni[33] constituyen los aspectos mínimos que debe contemplar una legislación sobre el tema, son la Neutralidad Tecnología (las legislaciones no estén atadas a una tecnología específica), el Equivalente Funcional (los documentos y firmas electrónicas se les asigne el mismo valor que a los equivalentes en papel), y la Autonomía de la Voluntad (las partes son soberanas para determinar las formas de actuar y de contratar electrónicamente).

En el viejo continente, la Unión Europea ha dictado, el 13 de diciembre de 1999, una directiva sobre Firma Electrónica creando un marco legal armonizado y adecuado para la utilización de la firma electrónica en la Comunidad Europea.[34]

Esta normativa viene a regular, en efecto, la actividad de certificación y firma electrónica al interior de la comunidad.

En América, el Congreso de EEUU en tanto, aprobó la “Electronic Signatures in Global and National Comerse Act” (Acta de Comercio Electrónico y Firma Electrónica para el Comercio Nacional e Internacional).
Como norma federal, esta regula las actividades comerciales interestatales e internacionales y establece principios generales.

Lo más significativo es que establece una regla de validez para todos los actos o transacciones celebrados por medios electrónicos, la que iguala los documentos en formato papel a los documentos en formato digital.

En el plano Latinoamericano, casi todos los países se encuentran discutiendo o han promulgado normas legales que regulan esta materia.

En suma, entre los países de América Latina que ya poseen legislación sobre comercio electrónico y firma digital, además de nuestro país se encuentran Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Argentina; mientras que Costa Rica y Uruguay están desarrollando proyectos que buscan ser aprobados a corto plazo. De esta forma como hemos podido demostrar a lo largo de nuestro artículo la Firma Digital ya se viene legitimando y posesionando a nivel del Derecho Informático y del Comercio Electrónico, su fácil acceso y difusión permitirá que en el corto y mediano plazo sea manejado y aprovechado en toda su extensión favoreciéndonos con todas las bondades que la ley de la materia ofrece al ciudadano de hoy.

* PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Abogado & Sociólogo, Estudios de Maestría en Derecho Penal UNFV, Diplomado en Derecho Informático y Comercio Electrónico UIGV, Docente de la Facultad de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad Privada San Juan Bautista y del Instituto Peruano de Comunicación (IPC).[1] ESPINOZA CÉSPEDES, José Francisco, Contratación Electrónica, Medidas de Seguridad y Derecho Informático, Editora RAO, S.R.L., Lima, 2000, Pág. 125[2]“ (...) La firma electrónica es información general que describe al usuario, que aparecerá al final de cada mensaje que envía. El formato y tipo de información que aparece en la firma electrónica es opcional, aunque es recomendable incluir una línea de fin de mensaje, así como datos generales: nombre, cargo que ocupa, organización, teléfono, fax, etc.” Greiff, Mario De.[3] ARMAGNAGUE, Juan, Derecho a la Información, Hábeas data e Internet, Edit. La Roca, Buenos Aires, 2002, Pág. 523[4] TANENBAUM, Andrew. Redes de Ordenadores. McgrawHill Interamericana Editores, S.A. 2° Ed. México, 1997, Pág. 600[5] Verbigracia, una firma convencional en soporte de papel que es escaneada y superpuesta en un documento electrónico, o el firmado directamente en la pantalla del computador a través de un lápiz electrónico que permite firmar documentos digitales, al respecto “ (...), la empresa inglesa Peripheral Vision ha desarrollado un software que es capaz de almacenar e identificar firmas electrónicas. Para hacerlo, se usa un lápiz digital conectado al ordenador”. Cornella Alfonso. ESADE. Barcelona. http:www.extra.net.net/artículos en 960206 htm. Página revisada el 13.07.2004.[6] “Debemos aclarar que la idea es que no hay nada más personalizado que la biométria de la firma, la forma en la que se lleva a cabo la firma (el timing, los trazos, etc).” Cornella Alfondo. ESADE. Barcelona http:/www.extra-net.net/artículos en 960206. htm. Página revisada el 13.07.2004.[7] TANENBAUM, Andrew Ob.Cit., Pág. 601[8] Este hecho es conocido como el principio de no repudio; principio que viene aplicándose legislativamente en algunos países de Europa y América.[9] Una firma digital, se puede definir como una firma electrónica, que mediante el uso de técnicas asimétricas de cifrado, otorga a la contratación electrónica, medidas adecuadas de seguridad.[10] ESPINOZA CÉSPEDES, José Ob. Cit. Pág. 130[11] Criptografía, http:/maite 188.upc.es/-cgil/crypto/doc2_5html Página revisada el 13.07.04[12] Es de suma importancia que quien recibe un mensaje este en condiciones de verificar quien es el autor del mensaje y además que no ha sido cambiado en el camino.[13] Criptografía. http:/maite199.upc.es/-cgil/crypto/doc2_5html Página revisada el 13.07.04[14] Verbigracia, PGP (Pret Good Privacy) es uno de los software más conocidos de generación de par de claves y de criptografía. Ver, http://www.pgp.com[15] En la práctica, al documento digital se le aplica una función denominada “función de digesto seguro”, que es un algoritmo criptográfico que transforma el documento digital en una secuencia de bits de longitud fija llamada “digesto de mensaje”. Es así que la clave privada se aplica al digesto de mensaje y no al documento. Su resultado es la firma digital.[16] IASONI, Marie, Comercio Electrónico Aspectos Legales: Un desafío para el Derecho peruano, Edit. Portocarrero, Lima, 2002, Pág. 131[17] Ibidem, Pág. 132[18] Lamentablemente hasta la fecha no existe una entidad de certificación en nuestro país, pese que la Ley 27269 de Firmas y Certificados Digitales (28.05.2000) y su Reglamento de fecha 18 de mayo 2002 así lo señalan, debiendo en estos casos obtener la certificación a instituciones extranjeras.[19] IASONI, Marie, Ob. Cit. Pág. 132[20] En el modelo norteamericano, las autoridades certificadoras pueden emitir distintos tipos de certificados según el tipo de acto a realizar. Los certificados de mayor valor requieren la presencia física del suscriptor delante la Autoridad de Registro Local o Local Registration Authority (LRA), los otros pueden ser emitidos y comunicados electrónicamente. Veri Sign, por ejemplo, ofrece tres niveles de servicios de certificación.[21] Artículo 7 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.[22] La Primera disposición complementaria de la Ley de Firmas y Certificados Digitales expresa que mientras se cree el Registro del que refiere el artículo 15 de dicha Ley. La validez de los actos celebrados por entidades de certificación y entidades de registro o verificación, en el ámbito de la presente Ley, esta condicionada a la inscripción respectiva dentro de los 45 días siguientes a la creación de dicho registro. Esta excepción solamente se aplica a las firmas digitales.[23] Artículo 10 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.[24] Al señalar la Entidad de Certificación, se habla también de Autoridades de Certificación (AC), al estilo de Veri Sign: http://www.verisign.com o ACE (Autoridad de Certificación Electrónica): http: //www.ace.es o FESTE (Fundación para el Estudio de la Seguridad de las Telecomunicaciones): http://www.feste.com en España. Veri Sign es hoy el principal proveedor de servicios de certificación para el comercio electrónico a nivel mundial.[25] Es necesario puntualizar que la distinción entre Entidad de Certificación (EC) y Entidad de Registro y Verificación (ERV) se hizo para permitir que las Entidades de Certificación extranjeras no tengan necesariamente que establecer una presencia física en el país, sino que pueden delegar la función de verificación a entidades locales.[26] IASONE, Marie, Ob. Cit. Pág. 135[27] Artículo 15 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.[28] Ley N° 27310 que modifica el artículo 11 de la Ley N° 27269, publicada el 17 de julio de 2000.[29] IASONI, Marie, Ob. Cit. Pág. 138[30] La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, mejor conocida por su acrónimo ingles UNCITRAL: http://www.uncitral.org, es el organismo jurídico central del sistema de Naciones Unidas en el terreno del derecho mercantil internacional.[31] Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con guía para su incorporación al derecho interno, 1996: http://www.uncitral.org/spanish/texts/electcom/ml-ec.htm[32] Ley Modelo de la CNUDMI sobre firmas electrónicas, 2001.[33] IASONI, Marie, Ob. Cit. Pág. 139[34] Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, donde se establece un marco común para la firma electrónica.
BIBLIOGRAFÍA

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IASONI, Marie
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6. NÚÑEZ PONCE, Julio
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9. TANENBAUM, Andrew.
Redes de Ordenadores. Mcgraw Hill Interamericana
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10. UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas II Diplomado en Derecho Informático & Comercio Electrónico
Lima, Enero – Mayo 2004